Piratería

A la caza del 'Alakrana'

La Armada intentó provocar una avería en el atunero antes de que llegara a la costa - El Gobierno pretendía forzar una negociación en alta mar con los secuestradores

La suerte del Alakrana, el atunero vasco secuestrado con 36 marineros a bordo el pasado 2 de octubre, se jugó en 48 horas, en una desesperada carrera por impedir que los piratas consiguieran llegar con su botín hasta la costa de Somalia. Fue aquel fin de semana, hace ya 44 días, cuando se adoptaron las decisiones que han convertido el caso en un embrollo jurídico de difícil salida y una vía de agua en la línea de flotación del Gobierno.

La Armada española nunca se planteó asaltar el pesquero. Aunque la fragata Canarias lleva un equipo de Guerra Naval Especial, integrado por 18 militares (especialistas en técnicas como el buceo de combate o el fast-rope, que consiste en descolgarse con cuerdas desde un helicóptero) la presencia en el Alakrana de 13 piratas armados con bazookas, fusiles Kaláshnikov y pistolas hacía inasumible el riesgo de un rescate por la fuerza.

El plan era más inocuo. Se trataba de inducir una avería en el atunero, accidental en apariencia, que lo dejara sin gobierno en alta mar. La Canarias se acercaría a una distancia prudente y ofrecería su auxilio a los desafortunados piratas, que se encontrarían sin posibilidad de llegar a puerto ni recibir refuerzos. A partir de ese momento, se abriría la negociación, pero en unas condiciones muy diferentes a las que se dieron luego.

El plan sólo tenía un inconveniente. Para ejecutarlo era preciso que la fragata alcanzara al Alakrana y éste se encontraba a 800 millas de distancia, muy lejos de la zona de seguridad que el Ministerio de Defensa había designado a los armadores.

Tras la notificación del secuestro, que se produjo a las 5.30 del viernes, el comandante de la Canarias recibió orden de dirigirse a toda máquina al encuentro del atunero. A una velocidad de 22 nudos, necesitaba casi 40 horas para llegar al lugar del abordaje. Naturalmente, los piratas no se quedaron a esperarla, sino que se dirigieron a la costa de Somalia, a 413 millas en línea recta. Aún así, el empeño no era imposible, pues navegaban muy despacio, a unos siete nudos.

El panorama cambió inesperadamente a primera hora del sábado. El radar de la fragata detectó un súbito aumento de la velocidad del atunero, que se dobló hasta alcanzar los 14 nudos. ¿Qué había pasado? La respuesta la dieron las imágenes transmitidas por un avión de patrulla marítima P-3 Orion del Ejército del Aire español. El esquife que el Alakrana venía remolcando desde que se produjo el secuestro se había soltado. El avión lo localizó con dos tripulantes navegando rumbo oeste, hacia la costa más próxima de Somalia, mientras el atunero iba en dirección noroeste, hacia Haradhere, al norte de Mogadiscio.

Con dos objetivos, en vez de uno, se concluyó que ya no era posible alcanzar al Alakrana antes de que se adentrase en aguas peligrosas y se optó porque la fragata persiguiera al esquife.

Fue la primera decisión. La segunda, y más importante, detener a los dos piratas del esquife. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el servicio secreto militar, elevó una nota en la que desaconsejaba las detenciones, por el riesgo de represalias hacia los secuestrados y porque podía complicar la negociación del rescate.

No consta que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -es decir, el principal servicio secreto- hiciera escrito alguno. No hacía falta, pues su director, el general en la reserva Félix Sanz, formaba parte del minigabinete de crisis dirigido por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, junto a los ministros de Defensa, Carme Chacón, Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Julio Rodríguez. Fue este último quien ordenó al comandante de la Canarias efectuar las detenciones. La decisión fue "asumida por unanimidad", y por tanto a posteriori, por la célula de coordinación.

Lo sorprendente es que, pese a tratarse de un secuestro, el Ministerio del Interior, que tiene los mejores expertos en la materia, nunca ha formado parte de esta célula. Tampoco de otra, a nivel técnico, que integraron altos cargos de los mismos departamentos para seguir la crisis.

Desde el punto de vista de la Armada, la captura de los dos piratas era no sólo una obligación legal -se trataba de presuntos delincuentes pillados in fraganti, o casi- sino también de un premio de consolación tras haberse escapado el Alakrana. Las primeras explicaciones públicas sobre el secuestro las dio el general Jaime Domínguez Buj, jefe del Mando de Operaciones, como si se tratara de un asunto militar, sin implicaciones políticas.

Pero el problema de qué hacer con los detenidos era político. Y de mucho calado. Tras su captura -a las nueve de la noche del sábado, a 120 millas de Somalia, en una operación en la que un pirata resultó herido leve por un disparo- el capitán de la Canarias disponía de 24 horas para comunicarla al juez, so pena de enfrentarse a una posible denuncia por detención ilegal, según un informe jurídico elaborado en junio pasado por Defensa.

Pero no podía acusarse a nadie de un secuestro que no se había denunciado, por lo que De la Vega se puso en contacto con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ordenó al jefe de la Abogacía del Estado, Joaquín de Fuentes, que presentara una denuncia. Según fuentes gubernamentales, Caamaño recurrió a De Fuentes después de que la fiscalía declinase presentar la denuncia por no ver claras las consecuencias que tendría traer a los piratas a España.

El escrito de la Abogacía del Estado entró en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Baltasar Garzón, a las 2.20 del día 4. La denuncia no se basaba, como sería lógico, en los informes del Ministerio de Defensa, sino en las noticias de prensa: "Como es público y notorio, por haber sido profusamente recogido por los medios de comunicación, el buque Alakrana [...] ha sido capturado por piratas en las costas de Somalia", argumentaba. En su opinión, la competencia para enjuiciar estos hechos correspondía "inicialmente" a la Audiencia Nacional, "sin perjuicio de lo que pueda resultar de los tratados o convenios" internacionales.

No hubo un verdadero debate sobre la posibilidad de entregar a los dos detenidos a Kenia, como se hizo con los 13 piratas capturados en mayo por el petrolero Marqués de la Ensenada. El Ministerio de Defensa daba por sentado que podría aplicarse el convenio de la UE con dicho país africano, pero consideró que se trataba de un tema jurisdiccional fuera de su competencia y nadie pidió un análisis jurídico de las distintas opciones.

Según la insólita nota que difundió el jueves Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional, Garzón "desconocía que existiera intención de traslado de aquellos [detenidos] a un tercer país", por lo que el lunes, tras recabar informe de la fiscalía, ordenó la presentación de los detenidos ante el juzgado.

"Cuando se cumple la ley no se comete ningún error", alegó el viernes la vicepresidenta Fernández de la Vega, para defenderse. Una fuente que siguió todo el proceso resume: "Cada uno hizo lo correcto, de forma que no se le pudiera reprochar nada, pero nadie consideró si los pasos que se iban dando eran coherentes con el objetivo principal: rescatar a los 36 secuestrados". Con su traslado a España, los detenidos pasaban de ser una baza ante los piratas a un obstáculo de consecuencias imprevisibles. ¿Había otra alternativa?

La peripecia de Cabdiweli Cabdullahi, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Hajy, los dos piratas capturados, no había hecho más que empezar. Su entrega a la Audiencia Nacional se complicó con un incidente inesperado. La Canarias no podía alejarse del Alakrana, al que vigilaba desde unas 35 millas, por lo que, tras pedir el apoyo de Francia, los detenidos fueron transbordados al buque de aprovisionamiento La Somme. En la noche del martes al miércoles, a unas 250 millas de la costa, el buque de guerra fue atacado por dos lanchas piratas, que lo confundieron con un petrolero civil. Los militares franceses pusieron en fuga a una embarcación y capturaron a la otra, con cinco ocupantes. Así, La Somme siguió su ruta con siete detenidos: dos de los españoles y cinco propios.

La diferencia es que los primeros fueron llevados a la base de Yibuti, para su traslado a Madrid en un avión Hércules del Ejército del Aire. A los segundos se les desembarcó en Putlandia, lo que retrasó aún más el viaje. Francia ya ha entregado al Gobierno autónomo de esta región somalí, que carece de reconocimiento internacional alguno, a 55 piratas, mientras que otros 30 han sido puestos en manos de Kenia y 15 más llevados a cárceles francesas, informa Antonio Jiménez Barca. Esta última opción se reserva para quienes son acusados de secuestrar a ciudadanos franceses; aunque, a diferencia del Alakrana, ninguno fue capturado antes de que se pusiera fin al secuestro. Incluso mediante el uso de la fuerza.

Cronología del secuestro
- 2 de octubre. Secuestrado el atunero Alakrana, con 36 tripulantes (16 españoles) a bordo, a 413 millas de Somalia.

- 3 de octubre. La fragata Canarias acude al rescate y detiene en un esquife a dos de los piratas implicados en el secuestro.

- 4 de octubre. La Abogacía del Estado lo denuncia ante la Audiencia Nacional.

- 12 de octubre. Los dos detenidos llegan a Madrid. Las dudas sobre la mayoría de edad de uno de ellos, Abdu Willy, obligan a realizarle múltiples pruebas forenses.

- 5 de noviembre. Los piratas desembarcan a tres de los secuestrados y amenazan con matarlos si los dos detenidos en España no son puestos en libertad.

- 6 de noviembre. El ministro de Exteriores asegura que los tres desembarcados están de nuevo a bordo.

http://www.elpais.com/articulo/espana/caza/Alakrana/elpepuesp/20091115elpepinac_1/Tes

Así se juzga a los piratas del Índico

La UE y Estados Unidos han entregado a Kenia 101 arrestados en aguas cercanas a Somalia. Si los detenidos del 'Alakrana' fueran enviados allí, se encontrarían con procesos como los que narra EL PAÍS

Sabe acaso este tribunal que el golfo de Adén existe?", pregunta retóricamente Oruko Nyawinda, abogado de la defensa, en relación con el lugar del planeta donde más actos de piratería se cometen. "¿Sabe si el carguero María K es real?", continúa al tiempo que agita en el aire la carpeta verde con los documentos del caso. La juez Rose Makungu, que durante la exposición del fiscal ha estado tomando notas en un cuaderno como una alumna aplicada, levanta la vista. Por debajo de las gafas de montura de plástico observa al letrado con gesto de desaprobación. "Ni la defensa, ni la fiscalía, ni la juez han estado allí nunca, ni han visto el barco, así que es posible que no existan", insiste el defensor.

Quienes sí pueden dar testimonio de la existencia del golfo de Adén son los nueve jóvenes que se encuentran detrás de la estructura de madera que delimita el banquillo de los acusados. Mientras que los abogados y magistrados visten trajes oscuros, tan poco precisos en los cortes como impolutos -que les dan un aire pueblerino, excesivamente solemne, similar al que impera en los servicios dominicales de las iglesias evangelistas de Mombasa-, los acusados llevan polos de colores y vaqueros gastados. Siguen el juicio a través de Guido, el traductor al somalí, cuya voz resuena igual de infatigable que el aleteo de las palas de los enormes ventiladores que cuelgan del techo. Uno de los muchachos, que no parece tener más de 15 años, mira a la nada con expresión ausente, cansada.

El fiscal, Alexander Muteti, los acusa de un acto de piratería. Según consta en las actas del caso 2.127/09, el pasado 22 de mayo, los nueve somalíes se dirigieron en una pequeña embarcación hacia el carguero de bandera libanesa María K. La declaración escrita del capitán, David Georghe, señala que los piratas les dispararon con un lanzagranadas RPG, pero el tiro "afortunadamente pasó entre la chimenea y el mástil".

Otra declaración, en esta ocasión del oficial de la Marina italiana Gennaro Liotti, explica que recibieron una llamada de auxilio del María K a las 10.10. Acto seguido, desde la fragata Maestrale F570 enviaron un helicóptero que en siete minutos llegó a la zona y capturó a los nueve piratas. Éstos tenían en su poder 22 proyectiles calibre 7,62 milímetros y un fusil AMD 65 (versión húngara del famoso AK 47 soviético).

"Mis clientes volvían a Somalia desde Yemen, donde habían ido a trabajar. Es una ruta muy común para el tráfico de personas. Una ruta muy peligrosa también, por eso iban armados. Tras recibir la llamada de auxilio, los marinos italianos cogieron a los tripulantes del primer barco que encontraron", afirma a la salida de la audiencia Oruko Nyawinda, el abogado defensor. "El problema es que la magistrada no sabe dónde está el golfo de Adén. El problema es que no tenemos recursos para investigar, para buscar pruebas. Estos juicios son una pantomima".

Entre los acusados se encuentra Said Abdalah Haji, al que la fiscalía acusa de haber sido el cabecilla del grupo que atacó al María K. Padre de dos hijos, tiene 22 años y asegura que trabajó como obrero en Arabia Saudí.

"No entendemos por qué se nos juzga. No hemos hecho nada. Si nos llevan a Somalia, la gente se reirá al escuchar que somos piratas. Los piratas allí son conocidos por todos", arranca Haji, que viste un sarong verde alrededor de la cintura y camiseta blanca de tirantes. Brazos lánguidos, pómulos hundidos, ojos saltones, apagados. "Necesitamos libertad para volver a nuestra vida. Aunque era una vida miserable, la vida aquí es peor aún. Allí al menos puedo ver a mi mujer y a mis dos hijos".

En el proceso de la sala 3, el Estado keniano acusa a otros nueve somalíes de cometer actos de piratería contra el carguero alemán Courier. La magistrada aún no ha aparecido en escena, por lo que varios abogados conversan animadamente frente al estrado. Entre ellos se encuentra Francis Kadima, que participa en cinco de los nueve casos de piratería que se están juzgando ahora en Kenia. Casos en su mayoría de ataques frustrados, que no terminaron en secuestro, pero sí con la detención de los presuntos piratas gracias a la rápida respuesta de barcos de guerra de Alemania, Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y España. La Armada española participó en la detención de los atacantes del mercante Nephelis, de bandera panameña, y del Anny Petrakis, originario de Malta, en mayo pasado.

La opinión de Francis Kadima es igual de afilada que la de su colega Oruko Nyawinda: "Hay que nivelar el campo de juego. Estos jóvenes no están teniendo procesos justos. Primero porque vienen de un Estado fallido. Si eres británico y te llevan a prisión en el extranjero, tu Gobierno hará lo posible porque tengas una buena defensa. Los somalíes no tienen a nadie que los respalde".

El segundo problema que observa es la ausencia de recursos para la defensa. Explica que el sistema keniano sólo ofrece abogados de oficio en los casos que puedan conllevar penas capitales. La legislación keniana sobre piratería prevé pena de muerte en caso de asesinatos y ataques violentos. Pero el acuerdo firmado el 6 de marzo de 2009 entre Kenia y la Unión Europea para la extradición a Mombasa de los piratas detenidos por la misión de la EUNAVFOR (Fuerza Naval Europea) deja fuera esa posibilidad.

"Voy a ser muy sincero", prosigue Francis Kadima. "Hay dos casos por los que podríamos presentar recursos ante el Tribunal Supremo, pero no lo hemos hecho. Trabajamos bajo mínimos, lo confieso. Nadie nos paga".

Desde su oficina en Nairobi, Alan Cole responde a las críticas que no pocos abogados, juristas y defensores de derechos humanos plantean en los juzgados de Mombasa. Cole trabaja para la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su cargo es el de coordinador de programas contra la piratería.

"Creo que se debería apoyar la labor de los abogados de la defensa para que mejoraran sus capacidades de actuación. Sería una buena idea, pero no es parte del programa que financia la Comisión Europea. Como apoyamos a la fiscalía, sería extraño que apoyásemos a ambos lados. Habría un conflicto de intereses".

A partir de la resolución 1.851 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 14 de febrero de 2009 se creó el grupo de contacto para la piratería de las costas de Somalia, cuya función es coordinar a todos los Estados que luchan contra el secuestro y saqueo de barcos. La UNODC es la encargada de las cuestiones legales del grupo. Asiste y asesora a los países de la región que reciben a los sospechosos de piratería. Su programa más ambicioso es el que lleva a cabo en Kenia en colaboración con la Comisión Europea.

"Tenemos un presupuesto de 2,7 millones de dólares [1,8 millones de euros] que nos ha dado Europa. Estamos satisfechos por la forma en que ha ido todo hasta el momento, aunque los procesos podrían ser un poco más rápidos", señala Cole, que es el encargado de invertir este dinero tanto en preparar a los fiscales como en apoyar a la policía y a los jueces en sus investigaciones.

Que el programa de Kenia sea el más vasto responde a que se trata del país con mayor número de acusados. Ya ha recibido a 101 prisioneros desde que firmara el acuerdo de extradición con Estados Unidos, en enero, y con la Unión Europea en marzo. Le sigue la región de Somalilandia, que también recibe ayuda de la UNODC y que cuenta con 50 detenidos. En la región somalí de Puntlandia hay otros 20. El resto de los apresados por supuesta piratería se encuentra en otros países: 20 en Yemen, 9 en Francia, 5 en Holanda, los 2 que se hallan en España y sólo 1 en Estados Unidos.

Se estima que al sistema judicial keniano se le han atragantado unos 870.000 casos. El pasado 12 de octubre, el propio ministro de Seguridad Interior, George Saitoti, pedía ayuda internacional para hacer frente a los trabajos atrasados, subrayando la carga adicional que el arribo de los piratas había supuesto tanto para los juzgados como para las saturadas prisiones, que albergan 53.000 presos cuando sólo tienen capacidad para 16.000.

Hassan Omar Hassan, subsecretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, está preparando un informe sobre la situación. El borrador señala con preocupación la ausencia de defensa de oficio y la incertidumbre de los magistrados y abogados kenianos sobre cómo proceder en estos casos, pero va más allá. "Es una gran muestra de hipocresía por parte de la Unión Europea que pida a los tribunales kenianos que juzguen a los piratas. ¿No nos dicen acaso que nuestro sistema judicial está corrompido hasta la médula? Entonces, ¿por qué depositan en los kenianos la responsabilidad de dar un juicio justo a los piratas?", se pregunta Hassan Omar Hassan.

Una vez más es Alan Cole, responsable del programa financiado por la Unión Europea para apoyar los juicios a los piratas, el que sale al paso de las críticas desde su oficina en Nairobi. "Sinceramente no entiendo estos comentarios. El sistema carcelario keniano dedica 1.000 dólares al año para la manutención de cada uno de sus 53.000 presos. La Comisión Europea dedica 300.000 euros al año para unos ochenta detenidos". ¿Y con respecto al colapso judicial? Cole lo desmiente: "Los casos de piratería sólo ocupan el 6% de los casos de los juzgados de Mombasa. Y estamos hablando de que es el único juzgado en el país que aborda estas causas".

Del lado de Alan Cole parece estar Wanini Kieri, la directora de la prisión keniana de Shimo la Tewa, donde están recluidos los 101 somalíes acusados de piratería. Cabello cortado al ras y sonrisa generosa son las primeras características que destacan de esta mujer que lleva 27 años trabajando en cárceles de Kenia.

"No entiendo de política. Esas cosas se nos escapan a la gente de a pie. Sólo puedo decir que la ONU se ha preocupado por estos muchachos. Les ha traído mantas, no sólo a ellos, sino a los otros 2.000 reclusos. Ahora nos están reformando la cocina", asegura Kieri, cuya prisión está en la carretera que conduce a Malindi. En las proximidades se encuentra el Serena Beach Hotel & Spa, uno de los alojamientos más lujosos del país, y el famoso Pirate's Club.

Desde la ventana de la oficina de Kieri se vislumbra la entrada a la prisión, por la que una vez al día entra el autobús que trae a los presos del juzgado y en la que se suelen congregar los parientes que vienen de visita. "Nunca aceptan que son piratas. Lo niegan, parecen convencidos de que sólo son pescadores. Yo siempre les pregunto por qué pescaban con lanzagranadas. ¿Tan peligrosos son los peces de Somalia?", declara.

En la prisión se encuentra también el abogado de la defensa, Oruko Nyawinda, que ha venido a preparar los alegatos para el 24 de noviembre, día en que la magistrada dirá si acepta o rechaza la curiosa petición de desplazar el tribunal al golfo de Adén. "Sobre todo creo que, si ellos llegaron a tener algo que ver en todo esto, no fueron los verdaderos culpables". En esta última opinión parecen coincidir casi todos los que en Mombasa están relacionados con la lucha contra la piratería: abogados y analistas, así como Alan Cole e incluso Andrew Mwangura, un antiguo y famoso marino que suele participar en las negociaciones de los rescates y cuya vida será interpretada por el actor Samuel L. Jackson en una película de Hollywood.

"¿Alguien se puede creer que estos chicos, estos pescadores analfabetos, van a pedir 20 millones de dólares? Son soldados que se han quedado sin trabajo, que viven en la miseria, a los que se contrata por poco dinero", argumenta Nyawinda. "El día en que sean juzgados en Mombasa los señores de la guerra y los abogados y negociantes que los asisten en Londres y en Dubai, entonces comenzará a haber justicia y realmente se estará haciendo algo contra la piratería".

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/juzga/piratas/Indico/elpepusocdmg/20091115elpdmgrep_3/Tes

En la ciudad de los piratas

Por la ventana de nuestro hotel vemos la boda entre un pirata que acaba de volver del 'Alakrana' y una adolescente. La abuela de más edad pregona la fama del corsario . Canta: "¡Ella es una flor, se casa con un héroe!". Esta escena, propia de un libro de aventuras del XIX, ocurre esta semana en la capital de la piratería, Haradhere. Es pequeña, no mide más de un kilómetro cuadrado. Se ha hecho famosa porque es el centro de operaciones de las bandas de piratas del Índico. Poco se sabe de ella, apenas que queda en la nación del cuerno de África, Somalia. Casi nada de su vida interior. La voz de la mujer resuena como un tambor de guerra: "¡Un héroe!".

Es miércoles 11 de noviembre, CRÓNICA ha llegado al enclave somalí en busca del padre de 'Abdu Willy', el bucanero que es clave para la liberación de los secuestrados del buque atunero español. Nuestra primera impresión es la de un lugar preparado para la guerra, un sitio donde todos, incluso los pequeños, usan fusiles.

En una esquina, en el centro de la localidad, hay una casita con seis habitaciones. Parece una prisión de las africanas, pero en realidad es un hotel, nuestro hotel, donde vemos esta escena. Es el único lugar donde alquilan habitaciones a los extranjeros que no tienen dónde dormir. No tiene luz eléctrica. Cuenta con unas lámparas -a prueba de viento- en los cuartos. Están amuebladas con unos camastros polvorientos que sólo se preparan cuando hay huéspedes. Es un lugar sin seguridad.

"A ver si no hay bichos", comenta el fotógrafo. Aquí, en voz baja, se les llama así a los corsarios. Se les conoce de este modo porque son tan inútiles como los bichos que pican a las personas: no proporcionan ningún beneficio a nadie. Ese término -o similares- lo emplean los vecinos decentes para referirse a todos los que están relacionados con los piratas. "Les llamamos insectos. Algunos los apodan mosquitos y, otros, moscas", revela Mohamed Alí, que sirvió como soldado en otros tiempos y que ahora trabaja en este pueblo como carpintero.

De repente, un grupo de mujeres se asoma por nuestra ventana. Pensamos que nos habían escuchado. Los piratas vuelan la cabeza a quien les nombran de esa manera. Pero no, ellas son parte también de la celebración nupcial y sólo dan rienda suelta a su felicidad. Cantan frases de elogio al joven corsario.

Echamos otro vistazo. Allí está Ga'al Osman, 28 años, uno de los integrantes de la banda que tiene retenido al pesquero español Alakrana. Se casa con Mariam, una muchacha de 15 años. La joven se niega a hablarnos. Osman, en cambio está deslenguado: "Me caso ahora con mi reina porque voy a tener una parte del rescate del 'Alakrana'. Estoy contento. Esto era lo que yo soñaba y se ha hecho realidad".

-¿Cuántas veces ha secuestrado barcos?- pregunto.

-Ésta ha sido la primera vez. Estoy esperando que me den mi parte. La boda es a crédito.

-¡¿Una boda a crédito?!

-Sí, es a crédito. Ya pagaré todo lo que deba, incluso la dote, el coste de la boda y el festejo.

Casarte con financiación en África es impensable, pero esto es Haradhere, un mundo sorprendente. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar? Del rescate del 'Alakrana'.

Osman ha arreglado una habitación del antiguo edificio de la escuela de la localidad. Allí asistían niños hasta que el Gobierno de Somalia desapareció en 1990. En ese cuarto hay una sola cama, una alfombra de segunda mano y una silla. Alrededor no hay más que escombros y basura. El edificio de la escuela alberga, en la actualidad, a unas 12 familias que, como no pueden pagar un alquiler, han ocupado este edificio. Los padres de Osman viven en este mismo lugar y él se crió aquí.

Frente al colegio hay una casa en la que el líder y portavoz de los piratas, Badmax, conocido en el pueblo como Hussein Madobe, vive son sus tres esposas. Badmax se ha convertido en un ejemplo a imitar para jóvenes como Osman. "En esa casa vive Hussein. Es mi jefe. Tiene un montón de dinero. Ya me gustaría a mí tener alguna vez el fortunón que tiene él", comenta.

Basta dar un paseo por las calles, para darse cuenta que la historia de Haradhere es la historia de Somalia. Prácticamente medio mundo ha oído hablar de esta ciudad. Medios de todo el planeta han dado a conocer su nombre. Pero esto no es Hollywood, es un pueblo pequeño de unos 6.000 habitantes. Está erigido sobre roca firme pero rodeado de dunas de arena de color anaranjado. No se necesitan más de 10 minutos para recorrerla de un extremo a otro. La gente está en las puertas de las casas, a los lados de las calles, observando a los periodistas y a todos los forasteros que llegan.

En el pueblo no hay mercado, aunque algunos de sus habitantes tienen algunas pequeñas tiendas, la mayoría de ellas en chamizos improvisados que han levantado al borde de la carretera. Allí venden azúcar, té, maíz, comida cocinada y cecina. Tiene una carretera principal, sin asfaltar, que conecta el sudeste con la costa y desde el nordeste con el resto de Somalia. En Haradhere no hay escuelas, ni comisaría de policía, ni hospital, ni un solo centro de atención sanitaria.

Lo único que la población puede cultivar son judías, aunque también cuentan con grandes reservas de sal que antes enviaban al resto de Somalia. No obstante, ese negocio ya no funciona ahora por culpa de la inseguridad y de la carencia de un gobierno que posibilite el comercio del mineral. El pueblo no dispone ni de escuelas, ni de servicio médico, ni de policía. Sólo cuenta con una autoproclamada administración integrada por piratas que pretende servirse de ella para sus intereses.

El único servicio público de la localidad son las mezquitas, que prestan algunos servicios comunitarios como la oración, las reuniones de carácter religioso y las fiestas y facilitan jueces a la manera tradicional, cuyo papel es el de oficiar las bodas o enseñar el Corán a aquéllos que quieren que sus hijos lo aprendan.

Fundación de la ciudad

En 1998, un grupo de pescadores somalíes del pueblo habló de la posibilidad de fletar una especie de guardacostas que impidiera faenar a barcos de pesca que no fueran de allí y tirar basuras en aquella zona del mar. Así, llegaron a un acuerdo para constituir una especie de hermandad de bucaneros para secuestrar barcos de pesca.

La idea, sin embargo, atrajo a diversas bandas de delincuentes, entre ellos, militares, hombre de negocios y milicianos independientes, que se apropiaron de la idea de los pescadores y empezaron a montar el negocio de los secuestros. Estas bandas no empezaron a practicar la piratería propiamente dicha hasta el año 2006.

Movimientos islámicos -que se hicieron con el poder tras haber expulsado a los antaño poderosos caudillos de milicias que contaban con el apoyo de los EEUU- acabaron con los 300 puestos de control que esos caudillos y sus milicias habían instalado por todo el territorio para extorsionar a los empresarios del transporte por carretera. De ese modo, obtenían el dinero necesario para sus fines políticos.

Al quedarse sin la explotación de los puestos de control, unos 400 hombres de las milicias y sus jefes huyeron hacia la costa, especialmente a raíz de que Al-Shabab [grupo fundamentalista islámico que controla parte de Somalia] decapitara a tres milicianos que se habían quedado en el puesto de control entre Mogadiscio y Baidoa. Se unieron a la piratería, que empezó a florecer.

Un jefe pirata, Abdi Benlow, que es más conocido por el apodo de 'Sugule Alí', ha explicado cómo ha llegado a dedicarse a ese oficio: "En el mundo de la piratería, quien más y quien menos ha terminado aquí desde orígenes diferentes. Yo era comandante de unas milicias y trabajaba para el caudillo de mi clan, Furuh, que en la actualidad es uno de los que hacen las leyes en el gobierno de ahora. Al-Shabab y otros grupos nos han obligado a retirarnos de los destacamentos de control de carreteras que teníamos para sacar dinero y ganarnos la vida, así que nos tuvimos que venir aquí. Vimos que esta costa ofrecía unas oportunidades de las que podemos sacar aún más provecho".

Calcula que el número de hombres metidos en este negocio es de unos 1.200. En su mayor parte contratados por los jefes piratas, que han ganado mucho dinero con los barcos que han secuestrado entre 2007 y 2009 [se estima que la suma de sus botines podría alcanzar los 200 millones de euros]. A Sugule le gustaría ser en el futuro un alto cargo de Somalia para obtener la inmunidad que le proteja de ser detenido o llevado ante la justicia.

El padre de 'Abdu Willy'

Llegamos a la costa, a unos 30 kilómetros al sudeste del pueblo. Al día siguiente, jueves 12, encontramos al padre de uno de los jóvenes piratas detenidos en España, Abdiweli Abdullahi Sheikh, alias 'Abdu Willy'. Se acerca paseando por la orilla del mar para observar cinco de los 11 barcos que están retenidos por los piratas de Haradhere. "Me vengo aquí a ver los barcos. Mi hijo no está conmigo por culpa de esos barcos. Las bandas le han obligado a salir en busca de esos barcos y le han hecho correr un gran peligro", dice Abdulahi Sheikh Abdi, padre de Abdiweli. "Ojalá me lo devuelvan pronto y vuelva conmigo".

Abdi está en Haradhere desde el cuatro de octubre, cuando su hijo fue apresado por las fuerzas navales españolas en el océano Índico y presiona a los piratas para que no inicien las negociaciones ni acepten el pago de ningún rescate mientras su hijo y su colega, Rage Gesey, no sean puestos en libertad.

Confirma que ha hablado con su hijo en una ocasión durante cinco minutos, pero que no le han vuelto a dejar hablar con él. "Hace una semana que me llamó mi hijo. Me contó que las fuerzas de seguridad le habían autorizado a llamarme. Me dijo que antes de que lo llevaran a España, lo habían torturado, pero que ya estaba bien", declara. "Me llamó un abogado español con ayuda de un intérprete somalí, pero como el intérprete no hablaba bien somalí, yo no le entendí mucho. Lo que saqué en claro es que le iba a defender", añade.

Abdi ha dicho que esperaba la decisión del Gobierno español de poner en libertad a los dos piratas y que deseaba que también los marineros españoles salieran en libertad. Según él, su hijo le dijo que las fuerzas españolas de seguridad que lo tenían detenido le habían negado una llamada a su madre.

Vuelta al infierno

Regresamos al centro de Haradhere. Los dueños de la ciudad, los piratas, son los únicos que tienen casas con electricidad. La han conseguido gracias a los generadores que desmontan de los barcos que secuestran. Cada pirata, de media, tiene más de tres esposas, aunque el número depende del dinero en sus arcas... Por eso, los jóvenes están más que dispuestos a salir a la mar y tentar la suerte.

Habibo Salad, de 17 años, que en la actualidad es la esposa de un pirata que fue detenido en Kenia por fuerzas alemanas, lloraba en el exterior de su tradicional vivienda nómada. Ha contado que a su marido lo detuvieron en el mar y lo han llevado detenido a Kenia.

"Sólo llevábamos tres meses casados. Me dejó aquí y me dijo que iba a trabajar mucho para apoderarse de un barco y traerme dinero, un ordenador portátil y un teléfono móvil", cuenta la mujer sin dejar de llorar ni por un momento. "Fueron unas fuerzas enemigas, los alemanes, los que se lo llevaron detenido". El marido de Salad es, por lo visto, uno de los 10 piratas detenidos durante esta semana por las fuerzas navales alemanas. Su esposa afirma que la última vez que estuvieron juntos fue hace tres semanas, cuando él se despidió para irse a la mar y buscarse la vida.

Las jóvenes se muestran complacientes con los piratas, por más que el resto de la población masculina esté de ellos hasta la coronilla. "Aquí muchos no les pueden ver, pero las adolescentes se mueren por ellos y dicen que son auténticas estrellas", dice el carpintero Alí.

Salad, la mujer del corsario atrapado por los alemanes, explica las razones por las que a las chicas jóvenes les gustan los piratas: "Antes, las jóvenes de aquí nos quedábamos sin casarnos porque casi todo el mundo era pobre, la vida era difícil y la situación no era segura para nadie. Las mujeres necesitamos amor y dinero y los piratas tienen dinero y nos demuestran amor".

"Ahora, sin embargo, se casan, pueden vender sus relaciones sexuales a un precio elevado [llegan a cobrar hasta 2.500 euros en las orgías de los líderes]", añade antes de ir a su hogar vacío.

Emprendemos el camino de regreso el viernes, unos 400 km de muerte. Dejamos atrás la ciudad a donde irá a parar, si se paga, el millonario rescate del 'Alakrana'. La capital de la piratería: vieja, polvorienta, miserable. Sin ley.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/14/espana/1258233640.html